El departamento del Magdalena vive un momento político inédito. Rafael Noya, respaldado por sectores petristas, uribistas y partidos tradicionales, se enfrenta a la hegemonía que durante años ejerció Carlos Caicedo y su movimiento Fuerza Ciudadana, convertido en el principal referente de la izquierda en la región.
Esta nueva contienda surge después de la anulación del gobernador Rafael Martínez por doble militancia, lo que obligó a convocar elecciones atípicas. Noya se presenta como la alternativa de cambio, mientras que Margarita Guerra, cercana a Caicedo, busca mantener la continuidad del proyecto caicedista que ha dominado la política local durante los últimos ciclos electorales.
La campaña ha generado polémica desde el inicio. Noya ha sido cuestionado por supuestos respaldos de grupos armados ilegales, un señalamiento que genera preocupación sobre la seguridad y transparencia del proceso. Además, su coalición refleja una estrategia pragmática más que una afinidad ideológica clara, reuniendo a sectores históricamente enfrentados: desde seguidores del expresidente Álvaro Uribe hasta corrientes cercanas al presidente Gustavo Petro.
Para la ciudadanía del Magdalena, esta elección representa mucho más que una disputa de poder. Los habitantes ven en ella la posibilidad de definir el rumbo del desarrollo regional, incluyendo la gestión de recursos, programas sociales y proyectos de infraestructura. Analistas políticos destacan que el resultado podría cambiar la dinámica política del departamento y sentar precedentes sobre cómo se articulan coaliciones diversas en contextos locales.
El ambiente electoral está marcado por acusaciones cruzadas, estrategias de clientelismo y temores sobre la posible interferencia de actores ilegales. Aun así, la población mantiene la expectativa de que el proceso se desarrolle de manera transparente, confiando en que su voto pueda decidir el futuro del Magdalena de manera libre y democrática.