La muerte del cabo Jersey Alexánder Quintero, secuestrado el 8 de noviembre mientras intentaba comprar un vehículo, volvió a poner en el centro del debate las dificultades operativas que atraviesa la Fiscalía tras la reciente reestructuración de las unidades Gaula. De acuerdo con información confirmada por medios nacionales, el militar fue raptado por integrantes del Tren de Aragua, sometido a torturas y posteriormente asesinado; su cuerpo fue hallado días después en zona rural de Soacha.
Los reportes indican que, una vez conocido el secuestro, las unidades del Gaula intentaron activar los protocolos de rescate. Sin embargo, el operativo se vio limitado por la falta de un fiscal disponible para autorizar los actos urgentes, como allanamientos e interceptaciones, indispensables para avanzar en la búsqueda. Esta ausencia ocurrió en un momento crítico y se atribuye a una falla administrativa generada tras la implementación de la resolución 0298, con la cual la Fiscalía modificó la estructura y distribución de los fiscales encargados de delitos de secuestro y extorsión.
Expertos y funcionarios consultados por distintos medios han señalado que la reforma produjo una pérdida de especialización en la atención de estos casos y generó vacíos en la asignación de turnos, lo que afectó la capacidad de reacción en situaciones que exigen inmediatez. La falta de coordinación interna y la insuficiencia de personal en horarios clave han sido objeto de cuestionamientos y han motivado llamados a revisar de manera urgente el modelo adoptado.
El caso del cabo Quintero se ha convertido en uno de los episodios más emblemáticos de los desafíos que enfrenta la entidad en la respuesta a delitos de alto impacto. Mientras continúan las investigaciones, crece la presión para que se corrijan las deficiencias administrativas y se garantice que hechos como este no vuelvan a repetirse.