El proyecto se constituye en el marco de la justicia para la paz y pretende dotar al Estado de herramientas legales sólidas y humanitarias para avanzar en los procesos de desmovilización, diálogo y justicia frente a los actores armados ilegales.
El articulado puesto a consideración del legislativo brinda herramientas para fortalecer la seguridad ciudadana, garantizar un mínimo de justicia e imponer penas privativas de la libertad.
La iniciativa legislativa brinda apoyo a los esfuerzos del Gobierno para alcanzar la Paz Total en Colombia con normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, respetando siempre los derechos de las víctimas.
Su diseño y trámite fue liderado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien así entrega una hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado desde la justicia, la verdad y la reparación.
El funcionario explicó que se trata de una apuesta jurídica que combina los aprendizajes del pasado con nuevas formas de negociar y lograr resultados reales.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia», dijo el ministro Montealegre.
Puntos claves
No todos los grupos serán tratados igual: a grupos como el ELN o las disidencias de las antiguas Farc se les reconocería un carácter político para poder avanzar en negociaciones de paz.
A las bandas criminales, como el Clan del Golfo, se les aplicaría un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan armas y ayudan a desmantelar sus estructuras.
El proyecto también aclara que los beneficios solo se entregarán si hay compromisos claros y verificables, como dejar de atacar a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración.
A su vez, corregir uno de los grandes problemas que tiene hoy el sistema de justicia: la cantidad de leyes desarticuladas que hacen difícil enfrentar a los grupos ilegales.
Unificar criterios, evitar confusiones y permitir una actuación más efectiva por parte de jueces, fiscales y autoridades.
Avanzar hacia una paz verdadera, con justicia para las víctimas y seguridad para todos los colombianos.
De otro lado, el proyecto cuenta con el aval del Consejo Superior de Política Criminal del pasado viernes.
“Colombia debe tener la seguridad de que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad», agregó el jefe de la cartera de Justicia.