Por Laura Cristina Barbosa Cifuentes
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció con firmeza frente a la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como “una agresión a la dignidad de toda América Latina y una violación abierta al derecho internacional”.
En sus declaraciones, Sanguino expresó su preocupación por el impacto de esta acción en la estabilidad regional y en la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Para el funcionario, la intervención no solo afecta a Venezuela, sino que pone en riesgo los principios fundamentales que rigen las relaciones entre los países de la región, basados en el respeto mutuo y la no injerencia.
“El que una potencia extranjera actúe de manera unilateral en el territorio de un país soberano es una afrenta para todos los pueblos de América Latina y el Caribe”, señaló el ministro, subrayando la necesidad de que los Estados respeten el derecho internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
La postura del Gobierno colombiano se enmarca en una tradición de política exterior que privilegia la diplomacia y la resolución pacífica de conflictos, y rechaza cualquier medida que pueda agravar tensiones o poner en riesgo a la población civil. El pronunciamiento de Sanguino se suma a otros de diversas organizaciones y gobiernos de la región que han pedido diálogo, respeto a la soberanía y soluciones negociadas ante cualquier controversia internacional.
Para muchos observadores, estas declaraciones reflejan no solo una reacción institucional, sino también una defensa de principios que son percibidos como pilares de la convivencia pacífica entre naciones, especialmente en un contexto donde los pueblos latinoamericanos buscan mantenerse unidos frente a desafíos comunes.