El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a encender el debate sobre la seguridad digital y la privacidad de los funcionarios públicos en Colombia al afirmar que su teléfono móvil fue interceptado con el software espía Pegasus. Según Benedetti, la presencia del programa en su celular le fue confirmada por el técnico Milton Cuadros, un especialista en seguridad digital.
“En mis teléfonos está Pegasus. La gran pregunta es si está en las agencias del Estado o si hombres del Estado lo están manipulando”, aseguró el ministro, subrayando su preocupación de que herramientas de vigilancia sofisticadas puedan estar siendo usadas de manera indebida por personas al interior del Gobierno.
El caso no es aislado: recientemente, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, también denunció que su celular y el de algunos familiares fueron infectados con Pegasus, un software que puede activar micrófono, cámara y rastrear conversaciones de manera remota. Estos antecedentes han generado temor y desconfianza entre funcionarios y exfuncionarios sobre la seguridad de sus comunicaciones.
Benedetti insistió en que la Fiscalía General de la Nación debe actuar de manera inmediata, solicitando las pruebas técnicas del peritaje y aclarando si el software fue implantado desde agencias estatales o por individuos dentro del Gobierno. Para el ministro, este esclarecimiento no solo es un asunto personal, sino un tema de interés público, que involucra la confianza ciudadana en las instituciones y la protección de los derechos fundamentales de quienes ejercen funciones públicas.
Especialistas en seguridad digital han advertido que Pegasus representa uno de los softwares de espionaje más avanzados del mundo, capaz de vulnerar celulares sin que la víctima lo note, lo que lo convierte en una herramienta muy poderosa, pero también peligrosa si cae en manos equivocadas. En Colombia, su uso ha estado envuelto en polémica, con denuncias de vigilancia a periodistas, políticos y activistas, lo que ha generado debates sobre transparencia, control y límites legales para la inteligencia estatal.
Benedetti aseguró que él mismo está tomando medidas de seguridad adicionales para proteger su información, pero enfatizó que lo más importante es que la Fiscalía investigue de manera exhaustiva y transparente, determinando responsabilidades y asegurando que este tipo de vulneraciones no queden impunes.
Este nuevo pronunciamiento del ministro reaviva un debate que ha sido contundente en Colombia en los últimos años: la necesidad de proteger la privacidad y los derechos digitales de funcionarios y ciudadanos, así como garantizar que los programas de vigilancia sean supervisados y regulados adecuadamente. Para Benedetti, no se trata solo de un tema técnico, sino de garantizar la confianza en las instituciones y el respeto a los derechos fundamentales en el país.