El Ministerio de Defensa convocó a una reunión urgente con la cúpula militar y policial tras denuncias de que la senadora Isabel Zuleta habría intentado influir en operaciones de la Fuerza Pública. Los señalamientos sugieren que la supuesta interferencia podría haber buscado frenar o modificar acciones contra grupos criminales en varias regiones del país.
Las denuncias, provenientes de altos oficiales en servicio activo y retirados, han generado preocupación sobre la seguridad de las comunidades, que dependen de estas operaciones para proteger su vida y sus bienes. La intervención del Ministerio busca esclarecer los hechos y garantizar que las decisiones militares se tomen de manera independiente y profesional, sin presiones externas.
Por su parte, Zuleta ha defendido su actuación, argumentando que solo ha buscado que las operaciones cumplan con la ley y respeten los derechos de los civiles, especialmente en zonas donde los enfrentamientos pueden afectar a poblaciones vulnerables.
El llamado del Ministerio de Defensa refleja la importancia de mantener la confianza en las instituciones y en la Fuerza Pública, asegurando que los ciudadanos estén protegidos y que las operaciones se desarrollen con transparencia y respeto a los derechos humanos.
Esta situación ha generado un debate más amplio sobre la intersección entre política y seguridad, y sobre cómo las decisiones de los líderes afectan directamente la vida de las personas que viven en territorios con presencia de grupos armados y criminales.