El Ministerio de Educación encendió las alarmas al advertir que más de 860 mil estudiantes en todo el país podrían regresar a clases sin acceso a la alimentación escolar, debido a retrasos en la gestión y ejecución de recursos por parte de autoridades locales.
Sebastián Rivera, director del programa de Alimentos, señaló que esta situación pone en riesgo la nutrición y el rendimiento académico de miles de niños y adolescentes, especialmente en comunidades vulnerables donde la comida en la escuela representa gran parte de su ingesta diaria. “Estamos hablando de estudiantes que dependen de este programa para alimentarse adecuadamente y poder concentrarse en clase. Cada día de retraso afecta su desarrollo y aprendizaje”, afirmó Rivera.
El programa de alimentación escolar es un pilar clave de la política educativa, no solo para garantizar la nutrición, sino también para promover la permanencia y el aprovechamiento académico de los estudiantes, sobre todo en zonas rurales y en entornos con mayores índices de pobreza. La falta de comida en las escuelas puede generar ausentismo, dificultades de concentración y un impacto directo en el rendimiento escolar.
Según el Ministerio, los retrasos se deben a problemas administrativos y logísticos en algunos municipios, que han demorado la distribución de recursos y alimentos. Rivera hizo un llamado a las autoridades locales para agilizar los procesos y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la alimentación desde el primer día de clases.
El Ministerio enfatizó que se están evaluando alternativas de contingencia, como la reasignación de suministros desde otras regiones o la entrega temporal de alimentos no perecederos, mientras se normaliza la distribución en los municipios afectados. “El objetivo es que ningún niño llegue a la escuela con hambre. La educación y la nutrición van de la mano, y no podemos descuidar ninguno de los dos aspectos”, añadió Rivera.
Este llamado llega en un momento crítico, ya que con el inicio del año escolar, la alimentación escolar se convierte en un factor decisivo para el bienestar físico y emocional de los estudiantes, y en muchos casos, para la igualdad de oportunidades educativas. La autoridad educativa reiteró que garantizar este derecho es una prioridad para el Gobierno, y que se continuará haciendo seguimiento cercano a las entidades territoriales para evitar que la situación se prolongue.