En la apertura de la COP30, que se celebra en Belém del 6 al 21 de noviembre, los pequeños estados insulares lanzaron una advertencia clara y emotiva: el umbral de 1,5 °C no es negociable, sino una “línea de vida” para su supervivencia. La Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) presentó una propuesta para incluir en la agenda de la conferencia un mecanismo que corrija la brecha entre las promesas climáticas actuales y la urgencia real de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C. Toiata Apelu‑Uili, coordinadora de mitigación para AOSIS, señaló que “no es un eslogan político, esto es una línea de vida para nuestra supervivencia… nuestras vidas no son negociables”.
El bloque también ha enfatizado la necesidad de un financiamiento climático urgente y técnico para los países más vulnerables, alertando que sin estos recursos el objetivo de 1,5 °C podría quedar fuera del alcance. Científicos advierten que permitir un sobrepaso temporal del límite de temperatura es cada vez más probable, a menos que haya una reducción drástica de emisiones, ya que los planes actuales proyectan recortes mucho menores de lo necesario para cumplir la meta. Según datos recientes, se requeriría una caída cercana al 60 % de las emisiones respecto a niveles de 2019 para lograr mantener el aumento dentro del límite acordado. El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha subrayado que la COP30 debe marcar el comienzo de una “década de resultados”, enfatizando que no basta con promesas sino que se necesitan acciones concretas.
Organismos como Amnistía Internacional han pedido que las negociaciones prioricen a las personas y no los intereses económicos, destacando que la transición debe ser equitativa y con apoyo financiero a los países menos favorecidos. Además, la crisis climática ya se percibe como una crisis humanitaria, ya que el aumento del nivel del mar, los eventos extremos y los desplazamientos por desastres afectan con mayor fuerza a las naciones insulares. Recientes fenómenos, como el paso del huracán Melissa por Jamaica, muestran las pérdidas de patrimonio cultural, daños económicos y la amenaza directa a la identidad y territorio de estos países. Los líderes caribeños advierten que si se supera el límite de 1,5 °C, enfrentarán riesgos existenciales que incluyen el aumento del nivel del mar, erosión costera, eventos climáticos extremos y la destrucción de ecosistemas insulares.
La demanda de los estados pequeños no es solo simbólica, sino que resalta la dimensión moral de la crisis climática. No se trata únicamente de reducir emisiones, sino de proteger vidas, culturas y territorios vulnerables que ya sufren las consecuencias del cambio climático, ejerciendo presión sobre los grandes emisores para que asuman compromisos más ambiciosos y efectivos.