La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, expresó su preocupación por el incremento de suicidios entre niños que temen ser reclutados por grupos armados ilegales, especialmente en el Chocó.
Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos cuatro años Colombia ha experimentado un aumento del 1.005% en los casos de reclutamiento infantil, pasando de 37 casos en 2021 a 409 en 2024. Este fenómeno afecta especialmente a las zonas rurales, donde la presión de los grupos armados ha llevado a algunos menores a tomar decisiones extremas como el suicidio para evitar ser reclutados.
En una entrevista, la ministra Buitrago señaló la gravedad de la situación y subrayó la necesidad urgente de medidas efectivas para proteger a los niños y niñas en estas regiones vulnerables. “En lugares como el Chocó, el reclutamiento ha aumentado considerablemente, y hemos conocido casos en los que los menores prefieren quitarse la vida antes que ser reclutados”, comentó la ministra, resaltando la desesperación que enfrentan estos niños.
El problema se ve agravado por la falta de políticas públicas adecuadas, dejando a las comunidades y familias con la carga de proteger a los menores, una carga difícil de sostener. La violencia del conflicto armado también ha tenido un impacto negativo en la salud mental de los niños, lo que se ha visto reflejado en un aumento de los problemas psicológicos tras el confinamiento de la pandemia en 2020.
Iris Marín, defensora del Pueblo, destacó la importancia de ofrecer alternativas para los jóvenes, tales como el deporte y la cultura, que podrían alejarlos de la violencia. Durante una reunión con jóvenes del Cauca, Marín mencionó que, a pesar de que algunos deportistas locales han ganado medallas, no reciben el apoyo necesario para continuar desarrollándose en su área.
La Defensoría también advirtió sobre un subregistro significativo en los casos de reclutamiento infantil, estimando que más del 30% de los casos no son reportados. Esto sugiere que el número real de menores afectados podría ser mucho mayor.
Marín criticó la falta de una política pública integral para proteger a los menores y enfatizó la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad. “No se puede cargar todo sobre las familias y las comunidades; el gobierno debe implementar políticas efectivas”, expresó la defensora.
Por otro lado, la senadora Paloma Valencia criticó las declaraciones de la ministra Buitrago, argumentando que el gobierno no está tomando responsabilidad por la situación y que las acciones hasta ahora han sido insuficientes para resolver la crisis.
La situación de reclutamiento infantil en Colombia sigue siendo alarmante y requiere una respuesta urgente y coordinada por parte del Estado y la sociedad para garantizar la protección de los derechos de los menores y brindarles un futuro libre de violencia. Mientras tanto, comunidades como las del Chocó y el Cauca siguen enfrentando los efectos devastadores del conflicto armado.
créditos Colprensa/INFOBAE