Ocho años después de su publicación, vuelve a tomar relevancia la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá del 11 de agosto de 2017, un fallo de más de 1.900 páginas que recoge las confesiones de 32 exintegrantes del Bloque Central Bolívar (BCB), una de las estructuras más poderosas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La decisión judicial documenta 966 crímenes cometidos entre 1999 y 2006 en diez departamentos del país: homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, reclutamiento de menores y extorsiones, entre otros. En el expediente también se consigna el secuestro de la entonces senadora Piedad Córdoba, ocurrido en mayo de 1999, como uno de los hechos reconocidos por desmovilizados del bloque.
De acuerdo con la sentencia, muchos de los paramilitares confesaron haber contado con el apoyo logístico y financiero de terceros civiles, entre ellos empresarios, ganaderos y algunos integrantes de la Fuerza Pública. Estas revelaciones se suman a las versiones de excomandantes extraditados a Estados Unidos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), quienes describieron redes de colaboración entre sectores económicos y grupos armados ilegales.
El fallo también identifica patrones de macrocriminalidad: operaciones sistemáticas para controlar el territorio, dominar economías locales y eliminar opositores políticos, con un aparato armado que actuaba bajo la fachada de combatir a la guerrilla, pero que terminó ejecutando masacres y desplazamientos masivos.
Pese a su alcance, la sentencia pasó inadvertida durante años. Hoy vuelve al debate público como evidencia de las verdades que emergieron en Justicia y Paz y que explican, según algunos analistas, las resistencias frente al papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar la responsabilidad de terceros financiadores del paramilitarismo.
El documento permanece disponible en los archivos de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Su lectura permite dimensionar la magnitud del conflicto y la profundidad de los vínculos entre estructuras armadas ilegales y sectores de poder en el país.