El río Atrato, corazón del Chocó, ya no canta como antes. Sus aguas, que por siglos fueron fuente de vida, hoy están envenenadas por el mercurio que deja la minería ilegal. Naciones Unidas advirtió que la contaminación alcanzó niveles alarmantes y declaró la situación como una emergencia de derechos humanos.
Las comunidades que viven a orillas del río respiran preocupación. El pescado escasea, los niños presentan síntomas de intoxicación y los médicos rurales hacen lo que pueden con lo poco que tienen. A pesar de que en 2016 la Corte Constitucional reconoció al Atrato como sujeto de derechos, la realidad demuestra que la sentencia se quedó en el papel. El Estado no ha logrado detener la minería ni proteger a quienes dependen del río para sobrevivir.
La ONU exige acción inmediata, pero el problema va más allá de lo ambiental. Lo que está en juego es la vida misma de comunidades enteras, olvidadas y expuestas a la miseria en una de las regiones más ricas en biodiversidad del país. El Atrato no solo se contamina por el mercurio: se ahoga, sobre todo, en la indiferencia.