La sentencia, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, concluyó que los habitantes del Consejo Comunitario de Bellavista Dubaza fueron víctimas de despojo, abandono forzado, confinamiento y graves daños colectivos derivados de la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas en la cuenca del río Baudó.
El territorio restituido, titulado legalmente como tierra de comunidades negras desde el año 2000, comprende más de 2.500 hectáreas y constituye el soporte vital, cultural y productivo de las familias que integran el Consejo de Bellavista Dubaza.
Según lo demostrado en el proceso, la violencia afectó de manera directa el uso, goce y control del territorio, limitando prácticas tradicionales como la pesca, la agricultura, la minería artesanal y los rituales ancestrales.
El fallo ordena un conjunto amplio de medidas orientadas a garantizar la reparación integral de esta comunidad, entre ellas la entrega del territorio, la adopción de planes de retorno y reubicación, el fortalecimiento del gobierno propio, la implementación de proyectos productivos sostenibles, restauración ambiental y programas de memoria histórica.
Asimismo, vincula a múltiples entidades del orden nacional y territorial para asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
El cumplimiento de esta decisión judicial no solo restituye un territorio, sino que también contribuye a reconstruir el tejido social, fortalecer la identidad cultural y garantizar condiciones de no repetición en una de las regiones históricamente más golpeadas por la violencia en el país.
La implementación de la sentencia representa un paso clave para restablecer la dignidad, la autonomía y los proyectos de vida colectivos del Consejo Comunitario de Bellavista Dubaza.
Desde la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de la Dirección de Asuntos Étnicos, se destaca que este fallo reafirma el compromiso del Estado con el restablecimiento de los derechos territoriales de las comunidades negras y con la superación de las afectaciones estructurales causadas por el conflicto armado.
En Meta y Guaviare, la Unidad dio a conocer esta semana el balance de la gestión de la entidad en materia de enfoque étnico durante el 2025. La URT destacó que se han radicado 31 demandas para reclamar 2.057.263 hectáreas más 4.730 metros cuadrados. De estas, 19 demandas (61,29%) fueron presentadas durante la actual administración, para reclamar 1.899.045 hectáreas más 4.263 metros cuadrados, lo que evidencia un impulso decisivo, especialmente en el tema étnico.
Se destacan casos como la restitución de 16.000 hectáreas al Resguardo Indígena Florida Kawinanae, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
Con información de la Unidad de Restitución de Tierras