A Julio Lozano Pirateque lo han señalado como uno de los hombres más poderosos del narcotráfico en el país. Incluso el presidente Gustavo Petro lo ha mencionado públicamente como uno de los jefes de lo que llamó “la junta directiva del narcotráfico en Colombia”. Pero a pesar de eso, en Colombia no existe ni una sola investigación penal en su contra.
No hay procesos activos en su contra en la Fiscalía, ni imputaciones, ni órdenes de captura. Tampoco figura con antecedentes judiciales. El nombre de Lozano Pirateque, que aparece en informes de inteligencia y ha sido mencionado por fuentes cercanas a organismos de seguridad, simplemente no existe en el sistema judicial colombiano.
Durante la gestión del exfiscal Francisco Barbosa, llegó a la Fiscalía una denuncia que mencionaba el pago de grandes sumas de dinero para favorecer a ese cartel al que Lozano Pirateque estaría vinculado. La información incluía nombres, rutas del dinero y posibles nexos con sectores políticos y judiciales. Pero la denuncia no avanzó. Nadie fue llamado, no se abrió investigación formal y el caso quedó sepultado en el silencio institucional.
El contraste no podría ser más evidente. Mientras el presidente Petro alerta sobre una estructura criminal que mueve el narcotráfico desde los niveles más altos, y mientras la fuerza pública enfrenta a diario laboratorios, cargamentos y redes, el supuesto jefe de todo ese engranaje no tiene una sola carpeta judicial abierta.
El caso plantea preguntas difíciles de ignorar: ¿Por qué, si hay señalamientos tan serios, no hay una respuesta de la justicia? ¿Qué ocurrió con la denuncia sobre pagos para frenar investigaciones? ¿Hay sectores del poder judicial que han actuado para proteger a estas estructuras?
Por ahora, nadie responde. Ni la Fiscalía bajo Barbosa, ni la actual administración, han dado explicaciones claras. Tampoco se conocen avances frente a los nombres que el propio gobierno ha puesto sobre la mesa.
Y mientras tanto, Julio Lozano Pirateque sigue siendo un fantasma en el sistema judicial. Uno con mucho poder, muchos vínculos, y aparentemente, ningún problema legal en Colombia.