Un juez de Medellín abrió un incidente de desacato contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por no cumplir con una orden judicial que exige destinar recursos para la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. La justicia le dio un plazo de 48 horas al ministro para ejecutar los fondos y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a decidir sobre el futuro de su territorio.
La consulta, que se había programado para que la ciudadanía opine sobre temas clave de transporte, medio ambiente y desarrollo local, se ha visto retrasada por la demora del Gobierno en asignar el presupuesto.
Autoridades locales y líderes comunitarios han insistido en que esta decisión es esencial para la planificación del área metropolitana y para que los habitantes tengan voz en las decisiones que afectan su día a día.
El incumplimiento de la orden podría acarrear sanciones para el ministro, que van desde multas millonarias hasta arresto de hasta seis meses, según la normativa vigente. Esta medida busca garantizar que los derechos democráticos de la población no se vean dilatados por la burocracia o la inacción.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los alcaldes de los municipios del Valle de San Nicolás expresaron su preocupación, pero también su esperanza: confían en que la justicia hará respetar la decisión y que los ciudadanos podrán participar en esta consulta histórica.
Para la comunidad local, este proceso no es solo un trámite administrativo: representa la oportunidad de decidir sobre el futuro de su territorio y participar activamente en decisiones que impactarán su vida cotidiana. La expectativa es que, con el cumplimiento de la orden judicial, se pueda finalmente avanzar y que la voz de la ciudadanía sea escuchada sin más retrasos.