Los uniformados también habrían exigido dinero al propietario, a cambio de no judicializarlo por el delito de porte ilegal de armas de fuego.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres suboficiales y dos patrulleros de la Policía Nacional, quienes, al parecer, participaron en un falso allanamiento, realizado en una finca ubicada en Girardota (Antioquia), donde se apoderaron de un arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública les formuló imputación, según sus responsabilidades individuales, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación y concusión. Los cargos no fueron aceptados por los uniformados.
De acuerdo con la investigación, el 8 de julio de 2024, el intendente Juan Francisco Mancilla Barbosa y la patrullera Thyana Karina Rodríguez Melo, presuntamente, presentaron documentos falsos a un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), quien les autorizó dos diligencias de allanamiento y registro en dos inmuebles, entre los cuales se encuentra el ya mencionado.
Es así como el 11 de julio de 2024, Mancilla Barbosa y Rodríguez Melo, junto con los subintendentes Carlos Andrés Jiménez Noguera y Cristian David Valencia Valencia, y el patrullero Jeisson Fernando Rolón Sepúlveda; todos integrantes del Grupo Contra Atracos de la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá; llegaron hasta el predio de la vereda Encenillos de Girardota (Antioquia).
Durante el supuesto allanamiento, al parecer, encontraron una subametralladora calibre 9 milímetros, la cual no fue reportada ni dejada a disposición del despacho que ordenó la diligencia. Además, se evidenció que uno de los policiales se habría apropiado de una camándula de oro, avaluada en 40 millones de pesos.
Asimismo, le habrían exigido 150 millones de pesos al propietario de la finca, para no judicializarlo por el delito de porte ilegal de armas de fuego y, para no llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, puesto que su sobrina de 15 años se encontraba en el lugar. Ante la presión, la víctima les habría entregado 20 millones de pesos en inmediaciones de la sede de la Fiscalía en Medellín.
Estos uniformados fueron capturados por servidores de la Dijin de la Policía Nacional y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia.