Histórico: La Fiscalía aplicó extinción de dominio a bienes avaluados en más de $30 Billones, la cifra más alta en la historia de la entidad

  • El resultado es producto de la estrategia de priorización y las acciones investigativas realizadas durante el periodo del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
  • Las mayores afectaciones fueron contra los grupos narcotraficantes, las redes dedicadas a la explotación ilegal de los recursos naturales, la criminalidad organizada y los procesados por casos de corrupción.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo un resultado sin precedentes en materia de extinción del derecho de dominio. En casi cuatro años se han impuesto medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes avaluados en más de 30 billones de pesos, la mayor cuantía en la historia de la entidad.

Las acciones definidas en la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar el patrimonio del narcotráfico, la criminalidad organizada y la delincuencia han sido determinantes para identificar y afectar 31.075 propiedades, que habrían sido adquiridas con dineros ilícitos o fueron utilizadas para ejecutar distintas conductas delictivas.

En ese sentido, fueron ocupados 6.016 predios urbanos y 1.946 rurales, 927 establecimientos de comercio, 18.317 semovientes, 475 sociedades; y 2.859 vehículos, embarcaciones y aeronaves.

El trabajo articulado realizado por fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, y los equipos de policía judicial del CTI y de la Policía Nacional ha sido determinante para impactar en mayor proporción a los grupos narcotraficantes, a los que les han sido afectados bienes avaluados en más 22 billones de pesos.

De otra parte, a las estructuras dedicadas a la explotación ilícita de los recursos naturales les han sido arrebatados activos que superan en valor los 3 billones de pesos; a las redes vinculadas al contrabando y a otros delitos económicos, propiedades por más de 2 billones de pesos; mientras que a las bandas de delincuencia común y a los involucrados en actos de corrupción, inmuebles estimados en más de 1 billón de pesos, respectivamente.

Todos los bienes ocupados durante esta administración han sido entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para su administración.

Casos relevantes 

  • Fueron impactadas las finanzas de una red de lavado de activos al servicio del ‘Clan del Golfo’, con la imposición de medidas cautelares sobre bienes estimados en más de 4 billones de pesos. Las diligencias de materialización se realizaron en las regiones de Urabá y el Eje Cafetero.
  • Megaoperativo en contra de una cadena de almacenes de la Costa Atlántica. Fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes por más de 1,2 billones de pesos, luego de demostrarse que los propietarios y representantes estarían involucrados en operaciones simuladas de importación y compra de mercancía proveniente principalmente de Panamá y Ecuador.
  • Afectados bienes por más de 83.000 millones de pesos, que harían parte del patrimonio de una organización narcotraficante que tendría nexos con el ELN, ‘Los Pelusos’ y el cartel mexicano de Sinaloa.
  • Afectados bienes avaluados en 5.000 millones de pesos, que pertenecerían al exdirectivo de la Universidad Distrital, Wilman Muñoz Prieto, procesado por delitos relacionados con corrupción.
  • Ocupados predios por más de 35.000 millones de pesos a Alex Saab. Sobresale una mansión de 3.740 metros cuadrados, avaluada preliminarmente en 28.000 millones de pesos.
  • Afectadas propiedades por más de 25.000 millones de pesos que invadían y generaban grave daño ambiental a un área protegida del Parque Nacional Natural Tayrona.
  • Ocupados con fines de extinción de dominio bienes de un clan familiar señalado de extraer ilegalmente oro en Antioquia, Cauca y sur de Bolívar. El valor de las propiedades supera los 25.000 millones de  pesos.
  • La Fiscalía decretó medidas cautelares sobre 18 vehículos que habrían sido utilizados como medio para obstruir vías públicas durante los desórdenes ocurridos durante las jornadas de protesta de 2021.

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