- Una auditoría solicitada por Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas y realizada por la Secretaría de Transparencia, se encontraron irregularidades que causaron un detrimento patrimonial de más de 4.200 millones de pesos, entre 2018 y 2022.
La Unidad para las Víctimas reveló los resultados de una exhaustiva auditoría forense al Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV), realizada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, donde se encontró un detrimento patrimonial de más de 4.200 millones de pesos entre 2018 y 2022.
La investigación se enfocó en el manejo de bienes inmuebles y procesos contractuales del FRV, descubriendo que la principal causa del detrimento fue la subestimación en el cálculo de cánones de arrendamiento de inmuebles, lo que resultó en valores muy inferiores a los de mercado. Además, la auditoría identificó que la concentración de la contratación en grupos de contratistas, que variaban los nombres de sus empresas para acaparar contratos, contribuyó a la pérdida de recursos.
El Gobierno del Cambio, a través de la Unidad para las Víctimas, ha tomado medidas inmediatas para recuperar y salvaguardar los recursos públicos. Estas acciones incluyen la realización de visitas en terreno para identificar el estado real de los inmuebles administrados por el FRV, la reconstrucción y digitalización de archivos y expedientes, y la implementación de nuevos modelos de contratación y supervisión para garantizar mayor transparencia y eficacia en el uso de los recursos.
Dentro de las medidas adoptadas, destaca la recuperación de predios mediante la formalización de procesos de comodato precario y arriendo, lo que ha permitido la recuperación de unos 1.970 millones de pesos. Además, se ha avanzado en la monetización de los bienes agroforestales, generando ingresos significativos para el FRV.
La Unidad para las Víctimas ha enfatizado la importancia de acelerar la comercialización de los bienes para lograr la indemnización efectiva de las víctimas, incorporando en el Plan Nacional de Desarrollo un articulado que facilita la venta y monetización de los bienes del FRV.
Este enfoque práctico y determinado refleja el compromiso del Gobierno del Cambio de garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Juan Felipe Harman, director general de la Agencia Nacional de Tierras, enfatizó el compromiso del Gobierno del Cambio con las víctimas, señalando que las medidas adoptadas son un claro indicativo del esfuerzo por restablecer la confianza y asegurar la reparación integral de las víctimas.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, continúa corrigiendo errores pasados e implementando un sistema de gestión para prevenir futuras irregularidades, asegurando que los recursos públicos cumplan su propósito de reparar y dignificar a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Este episodio muestra el compromiso del Gobierno del Cambio con la transparencia, la justicia y la reparación integral a las víctimas del conflicto.