El debate sobre la justicia agraria volvió a encenderse en el Congreso. El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, reveló que cerca del 30% de los congresistas tendría vínculos directos o familiares con tierras baldías, lo que —según él— ha frenado la discusión del proyecto que busca crear la Jurisdicción Agraria.
Harman aseguró que detrás de los repetidos aplazamientos del debate “hay intereses que se cruzan con la tierra”.
“Cuando hablamos de tierra, no hablamos solo de hectáreas o escrituras, hablamos de poder. Y por eso a muchos no les conviene que se discuta una justicia agraria independiente”, afirmó.
El funcionario insistió en que el país necesita un sistema judicial que resuelva con equidad los conflictos rurales, proteja a campesinos, comunidades étnicas y mujeres del campo, y garantice que los baldíos cumplan su función social.
El proyecto de Jurisdicción Agraria, una de las apuestas del Gobierno del Cambio, busca que sean jueces especializados en temas rurales quienes decidan sobre la propiedad y uso de la tierra, un tema que por años ha alimentado la desigualdad y la violencia en el campo colombiano.