El Gobierno nacional ordenó suspender las licencias de operación a cinco empresas de vigilancia y seguridad privada, con oficinas principales ubicadas en Barranquilla, por presuntos incumplimientos graves a la normatividad vigente, incluido aparentes vínculos con estructuras criminales.
Estas acciones se efectuaron en cumplimiento de las directrices impartidas por la Presidencia de la República y hacen parte de la estrategia interinstitucional liderada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en coordinación con el Ministerio de Defensa, la Policía y Fiscalía General para el fortalecimiento del control de armas, con el propósito de prevenir la instrumentalización de la vigilancia privada por parte de estructuras del crimen organizado.
La medida de suspensión fue adoptada como resultado de una serie de operativos de control adelantados a las empresas Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda.
El acto administrativo se fundamentó en el marco de las competencias legales de inspección, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia, y en los hallazgos preliminares en su actuación administrativa.
Las empresas intervenidas acumulaban un volumen considerable de actividad operativa, con un total de 696 personas en servicio, 21 vehículos automotores, y un total de 483 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas, desplegados en zonas de la región Caribe, entre ellos los departamentos de Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre.
Durante el procedimiento de intervención se requirió al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) para que disponga la custodia provisional del armamento asignado a las empresas en calidad de portes y tenencias, hasta tanto se resuelvan de manera definitiva las medidas adoptadas, en coordinación con las unidades policiales con jurisdicción en las zonas intervenidas.