La delegación de paz del Gobierno Nacional respondió con firmeza al anuncio del paro armado de 72 horas convocado por el ELN, calificando la medida como injustificada y perjudicial para la población civil.
Según el comunicado oficial, los argumentos del grupo armado —presentados como protesta contra supuestas “amenazas externas”— no tienen sentido frente a las consecuencias reales que sufren los ciudadanos. Las autoridades enfatizaron que la medida amenaza la seguridad de comunidades enteras, interrumpe el transporte y pone en riesgo servicios básicos, afectando sobre todo a quienes dependen de ellos.
El Gobierno hizo un llamado directo al ELN para desistir de la acción armada y liberar a cualquier persona que esté retenida, resaltando la importancia de preservar la vida y la tranquilidad de la gente, especialmente en estas fechas.
Además, las autoridades reforzaron la presencia de la fuerza pública en las regiones más vulnerables, buscando proteger a la población y garantizar que las actividades diarias se mantengan con normalidad, a pesar de la amenaza.
Este pronunciamiento recuerda que, incluso en contextos de conflicto, las decisiones de grupos armados tienen un impacto humano real, y que los derechos y la seguridad de los ciudadanos deben ser prioridad s