El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Regulación Justa y Democratización del Sector Energético’ mediante el cual se busca reformar estructuralmente y modernizar el marco regulatorio de los servicios públicos, fortalecer la participación ciudadana y garantizar la equidad en el acceso a la energía eléctrica.
La iniciativa introduce reformas sustanciales a las Leyes 142 y 143 de 1994, de servicios públicos, para garantizar la prestación eficiente, transparente y justa del servicio público de energía, promover la sostenibilidad financiera del sistema, y avanzar en la transición energética y la adaptación al cambio climático.
El proyecto, liderado por el Ministerio de Minas y Energía, destaca la redefinición de criterios para la entrega de subsidios, el establecimiento de tarifas diferenciales para usuarios vulnerables e industrias verdes, la prohibición de cobros ajenos al servicio en la factura de energía, y la inclusión de representantes de usuarios, sindicatos y la academia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
“Este proyecto es un paso histórico para democratizar la energía en Colombia. Queremos que las decisiones del sector reflejen las voces de los usuarios, los trabajadores y los territorios. Queremos abrir este debate”, afirmó el Ministro de Energía, Edwin Palma Egea.
Alcances de la iniciativa
Entre otros aspectos, el proyecto de ley plantea:
– Mitigación de los impactos de la Opción Tarifaria, distribuyendo de forma solidaria los saldos que afectaron a los estratos más vulnerables.
– Reforma en la entrega de subsidios, con criterios técnicos y transparentes que garanticen que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
– Facturas más claras y sin cobros ajenos al consumo energético, para proteger el bolsillo de los usuarios.
– Mecanismos de estabilización tarifaria y esquemas diferenciales, que reduzcan la volatilidad del precio de la energía.
– Tarifas justas y sin abusos, que eviten el cobro doble de activos amortizados o pérdidas no justificadas.
– Tarifas diferenciales para industrias limpias, impulsando el desarrollo reg¬ional y la transición energética.
– Fondos para el cierre de brechas energéticas y compensaciones a los territorios impactados por las grandes generadoras, de hasta el 2%, para financiar proyectos sociales, disminuir la pobreza energética y reducir los costos del servicio.
– Se crea un Comité Consultivo Ciudadano de Participación, encargado de garantizar el diálogo Estado – ciudadanía en los procesos regulatorios, y establece nuevos mecanismos de confiabilidad para fortalecer la seguridad energética del país.
El ministro de Minas recordó que este proyecto iba a ser presentado el pasado 11 de agosto, “pero esperamos a los gremios del sector energético, sus propuestas para fortalecer el proyecto, pero sus nunca llegaron”, sostuvo.
El texto del proyecto consta de 14 artículos, pero el ministro Palma Egea aseguró que no solo versan sobre sobre tarifas, de otros aspectos estructurales como la revisión del cargo por confiabilidad y el los saldos de la opción tarifaria, que permitirán reducir el cobro de la factura del servicio de energía eléctrica para millones de colombianos, particularmente de los estratos 1 y 2.
“Una regulación justa es la base de la justicia energética. Estamos construyendo un sistema que combine sostenibilidad, solidaridad y transparencia, en el que la energía sirva al desarrollo de la gente y no al revés”, añadió el ministro de MinMinas.
Dijo el funcionario que con esta propuesta, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con una transición energética justa, participativa y territorialmente equitativa, avanzando hacia un modelo energético más inclusivo, estable y resiliente.
Con información del Ministerio de Minas y Energía