El Gobierno nacional implementó cambios regulatorios en el sector eléctrico, a través de los decretos 1072 y 1091, con el objetivo de reducir la volatilidad en los precios de la electricidad. Según la nueva normativa, los generadores deberán vender al menos el 95 % de su producción mediante contratos a largo plazo, en lugar de depender principalmente de la Bolsa de Energía, donde los precios se ajustan rápidamente ante variaciones de oferta y demanda.
La medida busca proteger a los usuarios más vulnerables, especialmente los de estratos socioeconómicos bajos, y mitigar los efectos de fenómenos climáticos como “El Niño”, que elevan los costos al obligar el uso de generación térmica más costosa.
Sin embargo, gremios del sector eléctrico expresan preocupaciones sobre los cambios. Señalan que estas medidas no solucionan los problemas estructurales del sistema, como la baja inversión en energías renovables, la infraestructura obsoleta y los riesgos regulatorios, y advierten que podrían desalentar nuevos proyectos que requieren estabilidad contractual.
Con esta decisión, el Gobierno busca garantizar tarifas más estables y predecibles para los colombianos, mientras intenta equilibrar las necesidades de inversión del sector con la protección del usuario final.