El Gobierno nacional anunció la entrada en vigor del Decreto 1428 de 2025, una medida que reorienta el subsidio al diésel (ACPM), buscando que los recursos públicos se usen de manera más eficiente y priorizando a quienes más lo necesitan.
Según el Ejecutivo, el decreto aplica a vehículos particulares, diplomáticos y oficiales, que ahora pagarán un precio del combustible más cercano al valor internacional. En cambio, el transporte público de carga y pasajeros queda excluido, de manera que no enfrentará aumentos, con el objetivo de proteger el costo de vida de los hogares y evitar impactos en la movilidad y el transporte de alimentos y productos básicos.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que esta medida busca corregir distorsiones históricas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que en el pasado subsidiaba vehículos que no cumplen una función social esencial, generando un gasto innecesario para el Estado.
“La idea es que los recursos se focalicen donde realmente son necesarios, para proteger a la gente y cuidar las finanzas públicas”, afirmó Palma.
La implementación será gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades, lo que permitirá evaluar el impacto y asegurar que la medida cumpla su objetivo: proteger a las familias, al transporte público y a la economía diaria de los colombianos, mientras se fortalece la sostenibilidad fiscal del país.