El Gobierno del presidente Gustavo Petro estudia nuevas alternativas para impulsar su reforma al sistema de salud, luego de que el proyecto encontrara bloqueos dentro del Congreso. Fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que no se descartan mecanismos extraordinarios, incluidos decretos, para superar los obstáculos y garantizar que el debate avance.
Uno de los puntos más controversiales de la propuesta es la transformación del rol de las EPS (Entidades Promotoras de Salud). La iniciativa plantea que estas organizaciones actúen como gestoras y no como aseguradoras, fortaleciendo así la supervisión y regulación estatal del sistema. El objetivo, según el Gobierno, es garantizar una cobertura más amplia, mejorar la calidad de los servicios y lograr un sistema más sostenible.
Sin embargo, esta estrategia ha generado críticas de la oposición. Partidos como el Conservador y la U han advertido que recurrir a decretos podría afectar la separación de poderes y debilitar la institucionalidad democrática, encendiendo un debate político intenso en torno a los límites de la acción ejecutiva.
Para los ciudadanos, lo que está en juego va más allá de una discusión técnica: la reforma apunta a ofrecer un acceso más justo y humano a la salud, especialmente para quienes enfrentan dificultades para recibir atención médica. Desde el Ejecutivo se insiste en que esta transformación es necesaria para construir un sistema que funcione de manera más eficiente y equitativa para todos los colombianos.
El pulso entre el Gobierno y el Legislativo no solo definirá el futuro de la salud pública en Colombia, sino que también marcará un precedente sobre cómo se tramitan reformas estructurales en el país, en medio de tensiones políticas y sociales cada vez más evidentes.