Con el fin de trabajar para llevar agua potable a cuatro corregimientos de Plato (Magdalena), el Gobierno nacional, a través de la Dirección de Política y Regulación (DPR) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Alcaldía municipal se aliaron con representantes de las víctimas del conflicto armado para garantizar la prestación del servicio a estas comunidades.
“Vinimos con la JEP y la Alcaldía, con el objetivo muy claro de mirar cómo son las necesidades en materia de agua y saneamiento básico de las comunidades y construir conjuntamente un proyecto de agua. Porque la idea no es hacerlo desde las oficinas, sino desde el territorio. Iniciamos con talleres donde la misma comunidad nos cuente cuáles son sus necesidades y cómo se están soñando ese proyecto de agua», explicó Natalia Duarte Cáceres, directora de Política y Regulación.
La jornada se dio a través de un acto protocolario y una mesa técnica que tuvo como objetivo trazar la hoja de ruta de esquemas diferenciales de agua, en la cual las organizaciones de víctimas jugarán un papel central en el desarrollo y seguimiento de los proyectos.
Con el liderazgo de organizaciones de víctimas en compañía de la Alcaldía y de la JEP, el equipo del Ministerio visitó las comunidades de Buenavista, Cerro Grande, Aguas Vivas, San Antonio del Río y Zarate, para llevar a cabo la primera etapa de esta alianza, la cual inicia con un diagnóstico técnico y social, para identificar las alternativas más viables que se puedan llevar a cabo en estos corregimientos.
En este sentido, la asesora del Despacho de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Pilar Rueda Jiménez, aseguró que “este acuerdo pone en el centro a las víctimas. Lo que quiere decir es que todo lo que hacemos debe estar orientado a reparar los daños y por eso estamos aquí».
“Ya estamos trabajando con algunas víctimas que decidieron que esta reparación no se haga de manera individual sino colectiva, lo que quiere decir que se busca el beneficio de las comunidades», explicó.
Según se indicó, esta alianza busca involucrar a las organizaciones de víctimas para escucharlas de primera mano. A través de estos proyectos se busca tejer desarrollo, paz territorial y justicia restaurativa, los cuales generan mejoran y dignifican las condiciones de vida de las comunidades.
Durante los tres días de la jornada, que se llevaron a cabo en este municipio, los representantes de las víctimas acompañaron la comitiva, liderando el proceso y siendo las voces de quienes han sufrido el flagelo del conflicto armado.
“Estoy muy contento porque esto es el resultado de lo planteado en el Acuerdo Final de Paz que se centra en las víctimas, y hoy se ve reflejado con la visita del Gobierno nacional, que escuchó nuestras voces», comentó Joel Toscano, coordinador Nacional de Hombres Víctimas de Violencia Sexual.