Fuerzas Militares entregan zonas de libre sospecha de minas antipersona en Bolívar y Valle del Cauca

  • Tropas adelantan acciones en áreas rurales de Pradera (Valle del Cauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) que han permitido el despeje de casi 250.000 metros cuadrados.

Doce corregimientos del municipio vallecaucano de Pradera y dos veredas de Carmen de Bolívar, en Bolívar, fueron declaradas zonas de libre sospecha de minas antipersona por el Ejército y la Armada, tras despegar un área de casi 250.000 metros cuadrados.

En Pradera, el undécimo municipio del Valle del Cauca libre de sospecha de minas antipersonal, el Batallón de Desminado Humanitario 6 del Ejército contó con el apoyo de la organización estadounidense humanitaria no gubernamental The HALO Trust.

Los equipos de expertos y técnicos revisaron 12 corregimientos, donde se habían registrado 43 eventos de minas antipersona y ubicaron 36 áreas peligrosas con sospecha de contaminación.

La labor, iniciada en 2017, permitió la destrucción de 15 minas antipersonal y el despeje de 235.869 metros cuadrados empleando técnicas manuales.

Con esta labor se han beneficiado más de 200 pobladores, a quienes se les capacitó en la generación de comportamientos seguros ante el riesgo de minas, artefactos y trampas explosivas en la región.

Adicionalmente, fueron sembrados más de 7.500 árboles nativos, se ejecutaron 180 actividades de limpieza a fuentes hídricas y se realizaron capacitaciones de educación ambiental.

Dos veredas en Carmen ​de Bolívar

En Carmen de Bolívar, el Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios de la Armada y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entregaron dos áreas declaradas como libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal.

Las labores permitieron despejar 3.116 metros cuadrados en la vereda El Bonito y 1.414 metros cuadrados en la vereda Tacaloa, utilizando técnicas de desminado manual. Además, se destruyeron cuatro artefactos explosivos.

En estas dos zonas ubicadas en los Montes de María también estuvieron presentes representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), funcionarios de la Alcaldía Municipal y los propietarios de las áreas intervenidas.

Después de las labores, los pobladores podrán volver a realizar proyectos productivos para beneficiar la economía de la zona.

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