Seis de los judicializados son funcionarios públicos de la Corporación Autónoma Regional (Corponariño). La madera ilegalmente extraída era comercializada en Colombia y Ecuador.
El trabajo coordinado entre Fiscalía General de la Nación y carabineros de la Policía Nacional en Pasto (Nariño), permitió la captura de 11 presuntos integrantes de una red criminal dedicada a deforestar la Amazonía. Seis de los procesados son servidores de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).
Según la investigación, los funcionarios públicos habrían favorecido y facilitado salvoconductos para la movilización y transformación de la madera ilegalmente talada. Entre los capturados está Ángela María Burgos Herrera, vicedirectora de Conocimiento Ambiental de la Corponariño.
Un fiscal de la dirección especializada para los Delitos contra los Recursos Ambientales y el Medio Ambiente imputó a los procesados, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de prevaricato por acción, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y concierto para delinquir.
Las actividades ilegales desarrolladas por el grupo criminal habrían generado deforestación en áreas de los Parques Nacionales Naturales de La Paya, Amacayacu y Río Pure; al igual que en zonas de protección ambiental del corregimiento de Tarapacá (Amazonas).
Adicionalmente, se afectaron fuentes hídricas del Amazonas y se atentó contra especies forestales protegidas como armadillos, granadillo, canaleta, guarango, polvillo, sangre de toro, nabueno, arenillo, roble y cedrela, catalogadas en situación crítica.
La fiscalía evidenció la madera extraída ilegalmente era comercializada en Colombia y Ecuador, tras ser sacada a través del río Putumayo en la modalidad de ‘choriceo’. El comercio ilícito generaba rentas ilegales cercanas a 70 millones de pesos mensuales.
Estas acciones hacen parte de un plan binacional de integración fronteriza entre las autoridades de Colombia y Ecuador que busca promover la protección ambiental y preservación de los bosques naturales y la fauna silvestre.
Uno de los funcionarios imputados aceptó cargos. Una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento con detención domiciliaria.