El exministro de Defensa, Guillermo Botero, se vio envuelto en una de las controversias más graves de su gestión tras la operación militar que dejó siete menores de edad fallecidos. El caso generó un amplio debate sobre la transparencia en la información oficial y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
La polémica surgió cuando el senador Roy Barreras denunció que algunas víctimas tenían entre 12 y 17 años, y que el Gobierno había minimizado la presencia de menores en la operación. Botero defendió la acción, asegurando que la operación se ajustó a la legalidad vigente y que desconocía la participación de menores en la zona de conflicto.
Frente a la presión pública y política, Botero presentó su renuncia al cargo de ministro de Defensa en noviembre de 2019. Asimismo, solicitó ser interrogado por la Fiscalía para esclarecer su participación y versión de los hechos, buscando responder ante las acusaciones que lo señalaban de encubrir información sobre las víctimas.
El caso sigue siendo un referente en Colombia sobre la responsabilidad de las autoridades frente a acciones militares que afectan a población civil, y plantea cuestionamientos sobre la necesidad de mecanismos más rigurosos para proteger a los menores en escenarios de conflicto armado.