Luis Felipe Castillo, exgerente de la petrolera francesa Perenco, se presentó en 2024 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para rendir testimonio sobre la posible financiación de grupos paramilitares en Casanare durante su gestión, entre 1998 y 2004.
Durante su comparecencia, Castillo detalló ante los magistrados y fiscales de la JEP las operaciones de la empresa en la región y cómo algunas de estas actividades podrían haber estado vinculadas con apoyos económicos indirectos a grupos armados ilegales.
Su declaración forma parte de la investigación de la JEP sobre la responsabilidad de empresas privadas en el conflicto armado, especialmente en territorios con presencia de la industria petrolera.
La intervención de Castillo busca aclarar la magnitud de la participación empresarial en el conflicto, aportar a la verdad histórica y establecer posibles mecanismos de reparación para las comunidades afectadas por estos hechos en Casanare.
Este caso pone en evidencia el interés de la justicia transicional por examinar los vínculos entre actividades económicas y conflicto armado, en un esfuerzo por garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la reparación integral a las víctimas.