La muerte del exgobernador de Nueva Esparta y dirigente opositor Alfredo Díaz, ocurrida mientras se encontraba detenido en el penal de El Helicoide, ha generado alarma y condena internacional. Díaz estaba acusado de “conspirar contra el Gobierno” y permanecía bajo custodia del Estado desde noviembre de 2024.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció a través de su cuenta en X, señalando que la muerte de Díaz es “otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”. Con ello, Washington reafirma su preocupación por las detenciones arbitrarias, el trato inhumano y las condiciones deficientes en las cárceles venezolanas.
Organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición en Venezuela han calificado el fallecimiento de Díaz como una “injusticia flagrante” y han exigido explicaciones claras sobre las circunstancias de su muerte. Según los reportes, Díaz enfrentaba condiciones carcelarias extremas y una atención médica insuficiente, elementos que habrían contribuido a su deceso.
El caso de Alfredo Díaz pone de relieve la vulnerabilidad de los presos políticos en Venezuela y la persistente crisis de derechos humanos en el país. La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, demanda que se garantice la vida, la integridad y los derechos fundamentales de todas las personas bajo custodia estatal, recordando que ninguna acusación justifica violaciones de este tipo.
El pronunciamiento también busca enviar un mensaje de apoyo a las familias de los presos políticos y a la sociedad civil venezolana: que su lucha por justicia, transparencia y respeto por los derechos humanos sigue siendo vigilada y respaldada a nivel internacional.