La monetización de bienes destinados a reparar a las víctimas del conflicto se realiza con respaldo jurídico y bajo el principio de juez natural.
El Estado avanza en la puesta a disposición de las tierras que administra para los campesinos, siguiendo la ruta legal establecida para garantizar el acceso a la tierra y fortalecer la agricultura familiar. En este proceso, se monetizan los bienes destinados a reparar a las víctimas del conflicto armado, tal como lo exige la ley, asegurando que las decisiones adoptadas cuenten con respaldo jurídico y constitucional.
En ese contexto, la Corte ha señalado que avalar lo actuado por un funcionario de primera instancia no puede equivaler a permitir que un juez de control de garantías, al enterarse de la compraventa de un inmueble embargado, declare la nulidad del negocio jurídico. Esta situación vulneraría el principio de juez natural, que establece que cualquier cuestionamiento sobre la validez de un negocio debe presentarse ante los jueces civiles competentes, y no ser resuelto por una autoridad que no corresponde.
Con estas medidas, se busca garantizar seguridad jurídica tanto para los beneficiarios de los programas de acceso a la tierra como para los terceros de buena fe, asegurando que el proceso de reparación y adjudicación de bienes se realice de manera transparente y conforme a la normativa vigente.