Estados Unidos ha intensificado su presión sobre Venezuela debido al Cártel de los Soles, una presunta red criminal con raíces militares y vínculos directos con altos mandos del gobierno venezolano, acusada de narcoterrorismo y tráfico de drogas. El nombre del grupo proviene de las insignias en forma de sol que algunos generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llevan en sus uniformes.
Según investigaciones, la organización estaría integrada por miembros de la cúpula militar y funcionarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro. Además, se le atribuyen rutas de tráfico de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, así como operaciones de legitimación de capitales y otros delitos graves.
Para enfrentar esta red, Estados Unidos ha desplegado más de 4.000 soldados, incluidos unos 2.000 marines, junto con una flotilla naval compuesta por destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear. Asimismo, se ha reforzado la vigilancia aérea y satelital sobre rutas marítimas consideradas estratégicas para el narcotráfico. La Casa Blanca ha catalogado al Cártel de los Soles como una organización “narco‑terrorista” y ha señalado a Nicolás Maduro como un líder fugitivo de esta red criminal. Desde Washington se insiste en que la operación busca frenar la expansión del narcotráfico vinculado a estructuras estatales venezolanas.
Más allá de las cifras y operaciones militares, la existencia de esta red afecta directamente a la vida cotidiana de los venezolanos. Expertos señalan que la combinación de poder militar y tráfico de drogas erosiona la confianza en las instituciones, generando un clima de inseguridad y vulnerabilidad para las comunidades.
Por otra parte, el despliegue estadounidense ha elevado la tensión en el Caribe y en la relación bilateral con Venezuela. Si bien la ofensiva busca desarticular rutas clave del narcotráfico, también implica riesgos diplomáticos y podría tener un impacto directo sobre la población civil. Para los ciudadanos venezolanos, la operación refleja un escenario complejo: la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en las instituciones puede afectar su seguridad, movilidad y vida cotidiana.