Esposa del abogado defensor de Nicolás Petro fue nombrada asesora en Aerocivil sin experiencia pública previa: Esposa del abogado de Nicolás Petro fue nombrada asesora en Aerocivil tras defensa pública al director Henry Pinto
En junio de este año, la abogada Julieth Mayerly Abril fue nombrada como asesora del director de la Aeronáutica Civil, el general (r) Henry Pinto. Su designación no habría llamado la atención de no ser porque Abril es la esposa del abogado Alejandro Carranza, defensor del exdiputado Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, y además una de las voces más visibles en la defensa pública del propio Pinto frente a investigaciones por presuntas irregularidades dentro de la entidad.
En su hoja de vida, la única experiencia laboral registrada son 16 años en la firma privada Grupo Carranza Abril SAS, una sociedad cuyo representante legal es su esposo. Aunque cuenta con estudios de posgrado en Derecho, no se evidencian antecedentes de trabajo en el sector público ni experiencia técnica en el ámbito aeronáutico. Pese a ello, fue nombrada en un cargo de confianza en una entidad que en los últimos meses ha estado bajo fuerte escrutinio público.
La cercanía entre Carranza y Pinto no es nueva. En mayo de este año, cuando Noticias Caracol reveló una serie de denuncias sobre presuntas anomalías en la Aerocivil, fue el propio abogado Carranza quien salió en redes sociales a respaldar al director de la entidad, sugiriendo que se trataba de una campaña mediática sin pruebas. Por esos días, la Aeronáutica también emitió un comunicado en términos similares, rechazando los reportajes del noticiero y asegurando que no existían investigaciones formales contra Pinto. Meses después, la esposa de Carranza fue vinculada oficialmente a la entidad como asesora del mismo funcionario que él defendía.
Además del contexto mediático, Pinto ha sido mencionado en otras controversias. Una de ellas, revelada por El Colombiano, señala que el general (r) fue socio de una empresa cuyo representante fue investigado por lavado de activos. Aunque Pinto no ha sido vinculado penalmente, estos vínculos han generado inquietud sobre su perfil para dirigir la autoridad aeronáutica del país.
El caso de Julieth Mayerly Abril agrega una nueva capa de preguntas sobre los procesos de contratación en el sector público. No hay registros disponibles en la Función Pública sobre su nombramiento, ni evidencia clara de un proceso meritocrático abierto al escrutinio ciudadano. Hasta ahora, ni la Aerocivil ni el abogado Carranza han dado explicaciones públicas sobre los criterios técnicos o profesionales que sustentaron su designación.
Todo ocurre mientras la Aerocivil enfrenta otros cuestionamientos, como el reciente caso del menor de edad que fue autorizado para asumir el control aéreo en la torre de El Dorado. Ese episodio llevó a la suspensión de los funcionarios implicados y a una solicitud de investigación penal por parte de la entidad ante la Fiscalía.
Por ahora, el silencio institucional solo refuerza la percepción de que los cargos de asesoría en entidades clave están, en algunos casos, más ligados a lealtades personales o políticas que a criterios de experiencia o capacidad técnica. Y aunque no hay ilegalidad demostrada, el contexto sí abre una discusión necesaria sobre los límites del poder, la confianza pública y los favores cruzados en la administración del Estado.