La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública, luego de investigaciones sobre la gestión de recursos y contratos durante la administración del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Documentos oficiales y reportes de medios han mostrado cuestionamientos sobre la asignación de contratos y decisiones administrativas que habrían generado presuntas irregularidades en la ejecución de recursos destinados a la atención de emergencias. Si bien no hay evidencia pública de chats internos que revelen la “tras‑escena” política, los informes destacan alertas sobre favoritismos y falta de transparencia en la gestión de fondos.
La situación ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno, la supervisión de los contratos estatales y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Para los analistas, este caso es un recordatorio de que la política y la administración pública deben caminar de la mano de la transparencia y la legalidad, sobre todo cuando se manejan recursos destinados a proteger a los colombianos en situaciones de emergencia.
Hasta el momento, las investigaciones continúan y no se han emitido sanciones definitivas, pero el caso sigue siendo objeto de seguimiento por la prensa y la sociedad civil, que exigen claridad y resultados.