Por Laura Cristina Barbosa Cifuentes
En medio de una de las coyunturas políticas más intensas de los últimos años, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sorprendió al país con una propuesta que busca poner en el centro del debate público la idea de un “Acuerdo Nacional”, de cara a las próximas elecciones de Congreso (8 de marzo) y presidenciales (31 de mayo de 2026).
A través de un comunicado divulgado este lunes, la guerrilla —que ha sido protagonista de décadas de conflicto armado en Colombia— planteó que esta iniciativa sea discutida como un compromiso amplio entre todos los sectores sociales y políticos, con el objetivo de “superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado” que ha marcado la historia reciente del país.
La propuesta del ELN, aunque polémica, no solo se limita a un documento de intenciones: incluye la idea de que el Acuerdo Nacional sea transformado, posteriormente, en un mandato constitucional, es decir, en una pieza que comprometa a los futuros gobiernos —independientemente de su orientación política— a trabajar por consensos amplios en torno a problemas que trascienden ciclos electorales.
Entre los ejes que plantea el grupo están:
- Políticas de equidad social y soberanía popular, con foco en reducir desigualdades profundas que afectan especialmente a zonas rurales y urbanas marginales.
- Erradicación de la pobreza, la corrupción y la persecución política, identificados por la agrupación como causas estructurales del conflicto.
- Transición hacia energías limpias y protección ambiental, reconociendo los desafíos del cambio climático.
- Superación del narcotráfico mediante estrategias que incluyan a las comunidades afectadas.
- Transformación del papel de las Fuerzas Armadas, vislumbradas por la guerrilla como garantes de la democracia y no como instrumentos de represión.
Si bien algunos sectores sociales interpretan la iniciativa como un llamado a la construcción de soluciones frente a problemas estructurales profundos, autoridades gubernamentales y representantes de partidos tradicionales han rechazado la propuesta por considerar que no se puede otorgar legitimidad política a una organización armada ilegal que, hasta hoy, no ha renunciado a la violencia ni ha concretado un proceso de paz verificable.
Expertos en paz y seguridad recuerdan que cualquier propuesta de diálogo o acuerdo debe estar anclada en el respeto a la Constitución, la democracia y los derechos humanos, y que la principal prioridad debe ser garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto.
Organizaciones de víctimas y sectores sociales, por su parte, han visto en el planteamiento del ELN un nuevo llamado de atención sobre la urgencia de abordar las causas profundas de la violencia, desde la inequidad hasta la falta de oportunidades para millones de colombianos, especialmente en regiones históricamente olvidadas.
Lo que propone el ELN —aunque rechazado por amplios sectores de la sociedad— vuelve a poner sobre la mesa un debate que muchas veces ha sido silenciado: cómo Colombia logra articular consensos más allá de la confrontación política tradicional, para atender las heridas de un conflicto que ha marcado generaciones y para construir un futuro donde la participación ciudadana, la justicia social y la reconciliación no sean meras consignas, sino un camino concreto hacia la paz.