Once personas que habían sido arrancadas de su vida cotidiana a comienzos de este año finalmente volvieron a ver la luz de la libertad en el Catatumbo. Nueve hombres y dos mujeres —una de ellas venezolana— fueron entregados a una comisión humanitaria que logró llegar hasta la zona, una región donde el miedo y la incertidumbre se han vuelto parte del día a día.
La misión estuvo integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Para muchos de los liberados, la presencia de estos equipos significó el primer rostro amable que veían tras meses de cautiverio. Un equipo médico los recibió tan pronto como estuvieron a salvo, confirmando que todos se encontraban en condiciones estables, aunque marcados por la experiencia vivida.
Las familias, que durante meses sostuvieron la esperanza con llamadas truncadas, rumores y silencios, fueron notificadas poco después. Para ellas, la noticia significó el fin de un periodo de angustia que no deja fácilmente cicatrices invisibles.
Estos secuestros ocurrieron en Tibú y El Tarra, dos municipios profundamente afectados por la presencia simultánea de varios grupos armados. La guerra que allí se libra a puertas cerradas ha convertido a la población civil en blanco recurrente, obligándolos a vivir entre desplazamientos, amenazas y un temor constante.
La liberación de estas once personas es una bocanada de alivio, pero también un recordatorio del drama que persiste en el Catatumbo. Organizaciones humanitarias pidieron que este caso impulse acciones más firmes para proteger a quienes viven en la región, donde la violencia se ha normalizado tanto que cada libertad se siente casi como un milagro.