En Tolima, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), diseñado para garantizar la nutrición de los estudiantes más vulnerables, se convirtió en un rompecabezas durante 2025. Aunque el Gobierno Nacional giraba recursos, la Gobernación y algunos municipios enfrentaban dificultades para ejecutar los pagos y garantizar la entrega de alimentos.
El 15 de enero de 2025, la Gobernación del Tolima recibió un giro de 60.000 millones de pesos provenientes del Ministerio de Educación para la operación del PAE. Sin embargo, los recursos fueron insuficientes para cubrir a los casi 120.000 estudiantes beneficiarios en todo el departamento. Apenas cinco días después, la Secretaría de Educación reportó que 14.000 millones de pesos del presupuesto no habían sido asignados a los contratos de alimentación debido a retrasos administrativos.
Mientras tanto, en Ibagué, la Alcaldía confirmó que el PAE estaba activo para 37.000 estudiantes, pero alertó que la cobertura completa estaba en riesgo si no se ejecutaban oportunamente los contratos. Entre febrero y marzo, se registraron múltiples retrasos en los pagos a los operadores del programa, entre ellos la empresa Nutrición Escolar Tolima S.A.S., responsable de entregar los alimentos en más de 50 instituciones educativas. Algunos pagos, por montos de 1.950.000 pesos y 2.300.000 pesos, se efectuaron con semanas de retraso, afectando la logística y distribución de los mercados escolares.
El 12 de abril de 2025, la Gobernación emitió un comunicado informando que 6.000 millones de pesos adicionales estaban disponibles en las cuentas maestras para completar los contratos pendientes. Sin embargo, según la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), los retrasos habían generado que más de 10.000 estudiantes no recibieran sus alimentos de manera oportuna durante el primer trimestre del año.
En mayo, los supervisores del PAE detectaron que algunas instituciones educativas no habían recibido los alimentos completos, mientras que otros municipios lograban entregar los productos con normalidad. Entre los contratos revisados, se evidenciaron diferencias en el valor de los alimentos: algunos operadores cobraban hasta 125.000 pesos por estudiante mensual, mientras que otros apenas llegaban a 100.000 pesos. La UApA denunció que estas irregularidades afectaban directamente la calidad y cantidad de los productos suministrados.
Para junio, la Gobernación del Tolima aseguró que se habían completado los pagos a todos los operadores y que la cobertura del PAE había alcanzado finalmente el 87% de los estudiantes. Sin embargo, los documentos internos mostraban que aún quedaban retrasos en los pagos correspondientes a mayo y junio, por un total de 2.450 millones de pesos. Esto implicaba que algunos niños seguirían sin recibir alimentación completa hasta el cierre del semestre escolar.
El 30 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó que el PAE continuara durante los recesos escolares, priorizando a los estudiantes más vulnerables y asegurando la entrega de alimentos incluso fuera del calendario regular. Esta medida obligó a la Gobernación y a los municipios a planear giros extraordinarios y a supervisar rigurosamente a los operadores.
En conclusión, el PAE en Tolima durante 2025 mostró que los problemas no son solo de recursos: la burocracia, los retrasos administrativos y la falta de coordinación entre la Gobernación y los municipios afectaron directamente la alimentación de miles de estudiantes. Los registros de giros, pagos y contratos evidencian que, aunque los recursos existen, su ejecución sigue siendo un desafío crítico que requiere supervisión estricta para que los niños del departamento realmente reciban el derecho que les corresponde: comida suficiente y de calidad.
Por Laura Barbosa