«El informe de la Contraloría sobre EPS ya había sido advertido, la reforma a la salud propone solución»: presidente Petro

  • Según el ente de control, 26 Empresas Promotoras de Salud (EPS) adeudan 25 billones de pesos a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), entre otras, y 16 no cumplen con algunos indicadores esta​​blecidos por la ley.
  • El mandatario destacó que el proyecto de ley que se discute en el Congreso propone crear fuerte sistema de salud preventiva, pública y nacional, y aumentar el talento humano y mejorar sus salarios, estabilidad y formación.

“Eliminar la intermediación financiera girando directamente los recursos al sistema clínico y hospitalario» es uno de los tres pilares del proyecto de reforma a la salud que se debate en el Congreso de la República, manifestó el presidente Gustavo Petro Urrego en un mensaje publicado en su cuenta de la red X.

El Jefe de Estado se refirió al informe de la Contraloría General de la República según el cual 26 Empresas Promotoras de Salud (EPS) adeudan 25 billones de pesos y 16 no cumplen con algunos indicadores establecidos por la ley.

​Entre esos 25 billones de pesos hay deudas con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores de medicamentos y tecnologías en salud, así como pasivos de reservas técnicas y administrativas.

“La derecha colombiana dice que lo que hay es que darle más dinero público a este barril sin fondo que construyeron desde 1993 y que llaman sistema de salud», precisó el mandatario.

Indicó que mediante este sistema de intermediación privada de recursos se construyó “un mercado en la salud que dejó la red pública hospitalaria de todo el país destruida y a la mayor parte de la población sin atención adecuada».

“El faltante, dice la Contraloría, es de 25 billones de pesos desde que se obligó a crear en las EPS las reservas técnicas, como toda aseguradora debe hacer, cosa que evadieron, y en la deuda que no pagan a los hospitales y clínicas, dato que no está traído a valor presente, subvalorándolo», subrayó el jefe de Estado.

Los recursos públicos se convirtieron en patrimonio de los dueños y/o administradores de más de 130 EPS que se crearon en los últimos 30 años y se

“Transformaron en jets privados, campos de golf, casas lujosas, clínicas privadas localizadas en las zonas más pudientes del país, en armas de paramilitares, en fondos clandestinos electorales, y dejaron millones de personas muertas que se podían salvar con la tecnología adecuada», explicó el mandatario,

¿Qué propone la reforma al sistema de salud?

Frente a este panorama el presidente Petro preguntó: ¿Cómo resolver la contradicción entre una demanda por servicios y tecnologías adecuados para poder sobrevivir a la enfermedad y los recursos del Estado para la salud?

Sostuvo que el Gobierno del Cambio lo que ha propuesto es una nueva forma de administrar los recursos de la salud, dejándolos de supeditar al mercado y poniéndolos al servicio del derecho de la gente.

Para ello recalcó que el proyecto de ley de reforma al sistema de salud que se discute en el Congreso se incluyen tres grandes aspectos:

1. Crear un sistema fuerte preventivo público a escala nacional. La prevención y la inversión fuerte en los determinantes de la salud y la prevención y atención primaria disminuyen la enfermedad y abaratan el costo público del derecho a la salud.

2. Eliminar la intermediación financiera girando directamente los recursos al sistema clínico y hospitalario.

3. Aumentar el número de personal trabajando en la fuerza de la salud, mejorando sus salarios y estabilidad y aumentando la oferta educativa en todo el país.

​Finanzas del​ Estado

Según el presidente Petro, “las finanzas del Estado están a punto de colapso» como consecuencia de una serie de decisiones erróneas tomadas en gobiernos anteriores.

 “Si ustedes suman las transferencias públicas que se hacen a las EPS, con las transferencias públicas a fondos privados de pensiones, también agotados, con las de las concesiones de carreteras profundamente deficitarias, con el déficit de las comercializadoras eléctricas, con las transferencias al Fondo de Estabilización de Combustibles para subsidiar gasolina y diesel, y al gran déficit presupuestario que creció por financiar la respuesta al covid con la deuda pública, y no desde la emisión, como hicieron los países del norte, entonces sabrán que las finanzas del Estado están a punto de colapso», explicó.

Recalcó que se convirtió el presupuesto en un simple sistema de transferencias de los recursos públicos a los sectores más ricos del país: al verdadero cartel nacional de la contratación.

“Por otro lado –dijo– tenemos personas sin derecho a la salud, a la pensión, a la educación, sin el derecho simplemente a vivir en uno de los países más desiguales de la Tierra que se han construido».

“Con justicia y decisión popular se puede corregir este entuerto histórico o él nos llevará simplemente a la violencia», manifestó.

El Jefe de Estado reiteró que mantener el subsidio a la extracción en grande del carbón, contraviniendo a la humanidad, permitiendo la deducibilidad de las regalías o impidiendo las reformas sociales, no es el camino. ​

“Detener el cambio necesario solo nos hundiría en la violencia», resaltó.

“Es por esto que propusimos un acuerdo nacional en el que estamos decididos. No es para cooptar el gobierno a más de lo mismo, o porque nos dé temor de la extrema derecha violenta, o para detener las reformas; es para transformar lo que ya no nos sirve y pasar a una fase más justa y productiva como sociedad humana», concluyó el presidente de la República.

EPS no son aseguradoras

 

La exministra de Salud, Carolina Corcho, indicó que el estudio de la Contraloría ratifica informes de la Superintendencia Nacional de Salud en los que se evidencia que las deudas de las EPS a las clínicas y hospitales ascienden a 25 billones de pesos.

“El año pasado estaban en 23 billones de pesos y en un solo año han aumentado dos billones de pesos”, señaló.

“Ante la profunda crisis financiera que viene acumulando el sistema de salud, eso se refleja en la prestación de servicios y se ha visto un volcamiento de la ciudadanía a la Superintendencia Nacional de Salud para que resuelva los problemas de atención en salud”, dijo.

Según la exministra, durante lo corrido del actual gobierno se han atendido 2 millones 100 mil quejas, de las cuales 500 mil son súplicas de vida (es decir, de personas que afrontan circunstancias de salud que ponen en riesgo su vida).

La Superintendencia de Salud ha resuelto el 98 por ciento de las súplicas de vida y el 95 por ciento de las quejas por inatención

“Esto ha significado una confrontación técnica y jurídica para obligar a que las EPS le cumplan a la ciudadanía”, dijo.

En el programa ‘Avanza el Cambio’, en su emisión de hoy, la exministra Carolina Corcho, quien radicó en el Congreso el proyecto de reforma a la salud en 2023, manifestó que, según el informe de la Contraloría, las EPS no han cumplido el rol de aseguradoras.

“Las EPS no son aseguradoras, que es tener reservas técnicas, inversiones de capital en títulos de valor, recursos líquidos en los bancos para poder soportar las deudas. Ese es el principio fundamental del aseguramiento”, dijo.

“Eso no ha pasado en Colombia”, afirmó, porque las EPS se han ido liquidando y “no han aparecido mecanismos de reaseguros y han arrasado la red de prestación de servicios, pública y privada, lo que tiene al sistema sumido en una profunda crisis como la que vivimos hoy”.

“Queda claro que no son aseguradoras. Solamente hay 5 que cumplen con ese régimen de reservas técnicas que les permite ser aseguradoras”, pero no están en capacidad de atender a los millones de afiliados que requieren los servicios, porque caerían en desplome financiero.

“Hay un problema de diseño del sistema, que pone en riesgo al sistema, y por eso la urgencia del presidente Gustavo Petro de presentar la reforma a la salud”, dijo.

La exministra Carolina Corcho resaltó que durante la etapa de concertación del proyecto se decidió que las EPS fueran gestoras de salud, sin manejar los recursos públicos de la salud, que serían administrados por un pagador único: la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), para garantizar el giro directo y oportuno a las clínicas y hospitales.​

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