El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta permisividad frente a la expansión del narcotráfico en el país. La medida fue confirmada por el Departamento del Tesoro, que incluyó a los funcionarios en la denominada “Lista Clinton”, lo que implica el congelamiento de activos y la prohibición de realizar transacciones con entidades estadounidenses.
De acuerdo con Washington, las sanciones se basan en supuestas omisiones del Gobierno colombiano que habrían facilitado el crecimiento de redes de narcotráfico en el territorio nacional. La decisión generó una fuerte respuesta por parte del presidente Petro, quien calificó las acusaciones como “una mentira” y aseguró que emprenderá acciones legales en Estados Unidos para defender su nombre.
La sanción a un jefe de Estado en ejercicio es un hecho inusual en la política internacional y marca un punto crítico en las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington. Analistas advierten que la medida podría afectar la cooperación en materia de seguridad, inteligencia y lucha antidrogas, pilares históricos de la relación entre ambos países.