El gobierno de los Estados Unidos, a través del United States Department of the Treasury (Ofac), anunció la inclusión del presidente colombiano, Gustavo Petro, junto con la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo y el ministro del Interior, entre otros, en la conocida como “Lista Clinton” de sancionados.
Según la declaración oficial, los sancionados habrían facilitado o estado vinculados a “movimientos de dinero ilícito procedentes de Venezuela” durante la campaña electoral del bloque oficialista Pacto Histórico, bajo esquemas asociados al sector energético que se encuentran bajo investigación internacional.
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La medida forma parte de un endurecimiento de la política norteamericana hacia Bogotá, en un contexto donde EE.UU. ya ha señalado a Colombia por incumplimientos en la lucha antidrogas mientras se investiga también el posible financiamiento extranjero de campañas políticas.
Fuentes extraoficiales indican que Washington ha solicitado cooperación a autoridades de tres países (España, Suecia e Italia) para obtener información sobre cuentas bancarias, movimientos migratorios y bienes inmuebles vinculados al círculo cercano del presidente Petro y de la primera dama.
La inclusión en la lista implica el bloqueo de activos estadounidenses, prohibición de transacciones con ciudadanos o entidades de EE.UU. y un severo impacto reputacional.