En Putumayo, una facción disidente de las antiguas FARC —la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB)— entregó al Gobierno colombiano 14 toneladas de material bélico, entre ellas morteros, granadas y municiones de largo alcance. El gesto fue presentado como una muestra de compromiso con la “paz total”, uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro.
El Alto Comisionado para la Paz calificó el acto como un “paso histórico” que evidencia la voluntad de desmovilización de varios frentes que operaban en el sur del país. Sin embargo, los expertos insisten en que el verdadero desafío comienza ahora: reincorporar a los excombatientes, garantizar seguridad en los territorios abandonados por los grupos y asegurar inversión social sostenida.
La entrega de armas se enmarca en un contexto complejo. Otras disidencias aún mantienen enfrentamientos con el Ejército y el control de rutas del narcotráfico sigue siendo una fuente de tensión. Pese a ello, el Gobierno confía en que este desarme sirva como precedente para destrabar otros procesos en curso.