El debate sobre el rumbo institucional del país volvió al centro de la agenda política luego de que el presidente Gustavo Petro planteara la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta encendió alertas en distintos sectores y motivó una reacción inmediata desde la Gran Consulta por Colombia, cuyos líderes salieron a defender la Constitución de 1991 como un pilar de la democracia colombiana.
Desde Villa del Rosario, un lugar cargado de simbolismo histórico para el país, los integrantes de esta coalición aseguraron que la Carta Política vigente no es solo un texto jurídico, sino el resultado de un amplio consenso social que ha garantizado derechos, libertades y equilibrio entre los poderes del Estado durante más de tres décadas.
Para sus voceros, el llamado a una Constituyente genera preocupación en un momento marcado por la polarización política y los desafíos sociales. Insisten en que Colombia no necesita “empezar de cero”, sino fortalecer el cumplimiento de la Constitución actual y utilizar los mecanismos que ella misma contempla para realizar reformas cuando sean necesarias.
“Defender la Constitución no es oponerse al cambio”, señalaron varios líderes del bloque, quienes recalcaron que los problemas del país no se resuelven modificando las reglas de juego, sino garantizando su respeto. En sus intervenciones, también subrayaron la importancia de preservar la estabilidad institucional y enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.
Desde el Gobierno, el presidente Petro ha defendido la idea de una eventual Constituyente como una herramienta de participación popular para impulsar transformaciones sociales profundas. Sin embargo, el planteamiento ha abierto un nuevo frente de discusión política, en el que se enfrentan visiones distintas sobre cómo responder a las demandas sociales sin poner en riesgo el orden democrático.
Más allá de las posiciones, el pronunciamiento de la Gran Consulta por Colombia refleja un sentir compartido por amplios sectores: la Constitución de 1991 sigue siendo un referente de derechos y convivencia democrática, y cualquier debate sobre su futuro debe darse con responsabilidad, consensos amplios y respeto por el Estado de derecho.
