La representante Katherine Miranda cuestionó recientemente el uso de un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en El Hatillo, Atlántico, que habría sido utilizado para una reunión política de la campaña del precandidato presidencial Iván Cepeda.
Según Miranda, este tipo de espacios, que son propiedad del Estado, no deberían emplearse con fines políticos, ya que su uso indebido podría generar cuestionamientos sobre transparencia y apropiación de recursos públicos. La representante hizo un llamado a garantizar que los bienes estatales cumplan con su finalidad institucional y no se conviertan en escenarios de actividad partidista.
Por su parte, Iván Cepeda negó haber tenido conocimiento de la reunión en dicho predio, asegurando que su campaña no autorizó ni organizó el encuentro. El precandidato afirmó que, de confirmarse el uso indebido del espacio, tomaría las medidas necesarias para deslindar responsabilidades y garantizar la legalidad de su campaña.
El caso abrió un debate sobre la regulación y supervisión de los predios estatales, especialmente aquellos bajo la administración de la SAE, entidad encargada de gestionar activos públicos y garantizar que sean utilizados de manera correcta y en beneficio de la ciudadanía.
Aunque aún se desconocen detalles sobre quién organizó el evento, la situación evidencia la sensibilidad política que genera el uso de bienes públicos para fines privados o electorales, y plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar conflictos de interés en procesos electorales.