El Gobierno de Gustavo Petro presentó un borrador de decreto que ha generado polémica: propone que, para ser embajador extraordinario y plenipotenciario o cónsul general central, ya no sea necesario tener estudios, experiencia laboral ni formación profesional. Bajo esta norma, bastaría con ser colombiano por nacimiento y tener 25 años o más para acceder a estos cargos diplomáticos.
Actualmente, estas posiciones exigen título universitario, posgrado y experiencia relacionada, como parte de los requisitos para garantizar que quienes representen al país en el exterior tengan preparación y trayectoria. La medida del Ejecutivo busca equiparar las condiciones para ser embajador con las de ser ministro, en palabras del presidente: “Somos una república democrática y no una aristocracia”.
Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas. Diplomáticos de carrera y exfuncionarios advierten que eliminar estos requisitos pone en riesgo la profesionalización del servicio exterior y puede debilitar la capacidad de Colombia para defender sus intereses internacionales. Ex cancilleres califican el borrador como “altamente inconveniente”, señalando que podría afectar la reputación del país y la confianza en su representación diplomática.
Para los colombianos, la discusión no se limita a un decreto: está en juego cómo se eligen quienes hablarán y negociarán en nombre del país en escenarios internacionales. La polémica refleja un debate más amplio sobre democracia, mérito y profesionalismo, y cómo equilibrar la apertura de oportunidades con la garantía de preparación y experiencia para cargos estratégicos.
