En medio de la cumbre del G7 que se celebra en Canadá, las operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe se convirtieron en un tema incómodo sobre la mesa. Detrás de los reportes oficiales de “lucha contra el narcotráfico” hay imágenes de embarcaciones destruidas y decenas de cuerpos recuperados en aguas abiertas.
Según agencias internacionales, al menos 19 ataques habrían sido ejecutados contra botes señalados de transportar drogas. Más de 70 personas murieron, entre ellas pescadores y tripulantes que, según testigos, no estaban armados. Las dudas sobre la legalidad de estas acciones despertaron un debate que ahora enfrenta a Washington con algunos de sus más cercanos aliados.
En la cita diplomática, el secretario de Estado Marco Rubio tuvo que responder a los cuestionamientos sobre si esos bombardeos se amparan en la figura de legítima defensa contemplada en la Carta de las Naciones Unidas o si, por el contrario, representan acciones unilaterales fuera del marco legal internacional.
Desde Europa, países como Francia y Alemania pidieron explicaciones y recordaron que la lucha contra el narcotráfico no puede convertirse en una excusa para vulnerar los derechos humanos. Organizaciones internacionales también solicitaron una investigación independiente que aclare quiénes eran las víctimas y bajo qué órdenes se actuó.
La controversia ha resonado en América Latina. El presidente colombiano Gustavo Petro, crítico de la estrategia militar en la región, anunció la suspensión del intercambio de inteligencia con Estados Unidos hasta que cesen los ataques. Su postura, más que un distanciamiento político, refleja un reclamo regional por un enfoque antidrogas que ponga en el centro la vida y la dignidad humana.