Un reciente informe revela que cerca del 40 % de las cámaras de videovigilancia instaladas en Colombia permanecen inoperativas, generando serias dudas sobre la efectividad de los sistemas de seguridad y vigilancia estatal.
El estudio advierte que en zonas urbanas estratégicas, la falta de funcionamiento limita la capacidad de las autoridades para prevenir delitos, recolectar pruebas o disuadir comportamientos criminales. Entre las principales causas se destacan presupuestos insuficientes, mantenimiento irregular y ausencia de monitoreo continuo.
El problema adquiere relevancia política en medio del debate sobre seguridad pública, uno de los temas centrales de cara a las elecciones de 2026. Para el Gobierno, representa un desafío operativo que debe abordarse con urgencia para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que las inversiones en tecnología cumplan con su objetivo.