El magistrado Carlos Camargo, de la Corte Constitucional, ha dado un paso importante en el análisis de los decretos de Emergencia Económica emitidos por el Gobierno nacional. Para evaluar con detalle su constitucionalidad, solicitó una serie de pruebas y conceptos de expertos en economía, hacienda pública y derecho tributario.
El objetivo es determinar si los decretos cumplen con los requisitos legales y técnicos que exige la Constitución para este tipo de medidas excepcionales. Entre las solicitudes también se incluye información sobre cómo se motivaron los decretos, la situación administrativa de los ministros que los firmaron y el cumplimiento de las normas de comunicación con organismos internacionales.
La Corte también pidió la opinión de la Procuraduría General de la Nación, lo que permitirá incorporar una visión adicional sobre la legalidad y el impacto de estas medidas. De esta manera, se garantiza que la decisión final se tome con base en información completa y fundamentada, considerando tanto los aspectos legales como económicos.
Este proceso es clave para definir si los decretos de emergencia continúan vigentes, se condicionan o se declaran inexequibles, asegurando que las medidas del Ejecutivo estén alineadas con la Constitución y protejan los intereses del país.