La Agencia Nacional de Tierras (ANT) habría comprometido cerca de $30.000 millones para la realización de eventos entre 2024 y 2025 mediante un esquema de contratación directa, con presuntas irregularidades que ya encienden alarmas sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con la información revisada, los convenios fueron adjudicados sin procesos de licitación pública, en la modalidad conocida como “a dedo”, lo que limita la pluralidad de oferentes y abre la puerta a favoritismos. Además, los contratos presentan adiciones multimillonarias y aparentes sobrecostos en la prestación de servicios logísticos.
Uno de los puntos más delicados es la posible violación del principio de anualidad presupuestal. Según expertos consultados, varios de estos convenios comprometen vigencias futuras sin contar con la autorización legal correspondiente, lo que en la práctica significaría “amarrar recursos” de la entidad más allá del año fiscal aprobado.
En la práctica, la organización de eventos — ruedas de prensa, foros, encuentros regionales y actividades protocolarias — se habría convertido en una mina de oro para contratistas cercanos, en lugar de responder a criterios de austeridad y planeación institucional.
La Contraloría y la Procuraduría ya tendrían en la mira estos procesos para verificar si existieron irregularidades que podrían configurar faltas disciplinarias o incluso responsabilidades fiscales. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil insisten en que este tipo de esquemas de contratación deben ser revisados con lupa, pues desvían recursos que deberían priorizarse en la formalización y titulación de tierras, misión central de la ANT.
