La Contraloría General de la República asumió de manera directa, mediante poder preferente, el conocimiento y trámite del proceso fiscal en contra del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, por un presunto detrimento patrimonial que supera los $26 mil millones de pesos, relacionado con la construcción y ejecución de las ciclorrutas en el departamento.
Según el ente de control, esta decisión busca garantizar transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, considerando la magnitud del posible impacto económico. La Contraloría señala que se investigará si la administración del gobernador incurrió en irregularidades, negligencia o manejo inadecuado de los recursos, que habrían afectado de manera significativa el patrimonio del departamento.
El caso de las ciclorrutas, inicialmente promovido como un proyecto de movilidad sostenible y bienestar ciudadano, se encuentra ahora bajo la lupa de la Contraloría debido a posibles deficiencias en la planeación, contratación o ejecución de las obras, que habrían generado costos mayores a los presupuestados y presuntas irregularidades administrativas.
El gobernador Rendón, por su parte, mantiene que la gestión de estos proyectos se ha hecho con apego a la ley y en beneficio de los antioqueños, y que se presentarán los soportes y documentos necesarios para demostrar la correcta utilización de los recursos. Sin embargo, el ente de control asegura que el proceso seguirá su curso bajo los lineamientos legales vigentes, garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso del mandatario.
La Contraloría también resaltó que el ejercicio de poder preferente responde a la necesidad de agilizar la investigación y proteger el patrimonio público, evitando dilaciones que puedan afectar la recuperación de recursos o la identificación de responsables. Este mecanismo se utiliza en casos donde los montos involucrados son significativos y existe riesgo de afectación directa al erario.
Este proceso genera un debate amplio en Antioquia y el país, pues pone sobre la mesa la importancia de la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas en proyectos financiados con fondos públicos, especialmente aquellos que buscan generar un impacto social positivo, como es el caso de las ciclorrutas. Además, resalta la responsabilidad de los mandatarios regionales en garantizar que cada peso invertido beneficie efectivamente a la población.
Mientras avanza la investigación, la ciudadanía espera respuestas claras sobre el uso de los recursos y la eficacia de los proyectos, así como la transparencia en la gestión pública, elementos clave para la confianza en las instituciones y en los líderes regionales.