Por: Laura Cristina Barbosa Cifuentes
La polémica sobre los límites de las consultas populares que el Ejecutivo puede convocar sin pasar por el Congreso se amplía ahora al Consejo de Estado, que recibió una veintena de demandas presentadas por ciudadanos, organizaciones y académicos. Los demandantes buscan que se establezca un precedente jurídico claro que evite que futuros gobiernos puedan saltar al Legislativo para impulsar votaciones directas.
Estas acciones legales se dan en medio de un creciente debate sobre la separación de poderes y la necesidad de que el Ejecutivo respete los mecanismos de control establecidos en la Constitución. Según los demandantes, el Congreso tiene la función de garantizar el debate y la legitimidad de las decisiones que afectan a toda la ciudadanía, y cualquier intento de eludirlo podría vulnerar los principios democráticos y el equilibrio institucional.
El Consejo de Estado tendrá la tarea de analizar cada demanda, determinar si el Ejecutivo puede o no convocar estas consultas sin pasar por el Congreso y fijar un criterio vinculante para el futuro. Expertos legales advierten que este fallo podría convertirse en un referente histórico, definiendo los límites entre la participación ciudadana directa y la función legislativa.
El debate surge después de que varios gobiernos recientes intentaran impulsar consultas populares o referendos sectoriales sin cumplir con todos los pasos legales, generando controversias sobre su validez y la constitucionalidad de los procedimientos. Hasta ahora, la Corte Constitucional ha sido el principal órgano en decidir sobre estos casos, pero el Consejo de Estado entra ahora al escenario para reforzar los controles y la coherencia legal.
Analistas políticos advierten que la decisión del Consejo de Estado no solo tendrá implicaciones jurídicas, sino también políticas, pues podrá limitar el margen de maniobra del Ejecutivo en el futuro y consolidar la función del Congreso como garante del debate y la representación ciudadana.
Con esta veintena de demandas, la ciudadanía y los órganos de control muestran cómo es posible actuar preventivamente para proteger la democracia, y cómo los tribunales pueden sentar precedentes que eviten conflictos institucionales en los próximos años.